jueves, 18 de junio de 2009

Selección de artículos publicados en El Norte

Discrecionalidad
(16-Sep-2008).-
Uno de los enemigos más visibles de la eficacia en el ámbito público es, sin duda, la discrecionalidad con la que actúan los funcionarios al resolver un asunto.
Me explico. Si las normas, leyes o reglamentos, conceden al funcionario la posibilidad de resolver un asunto aplicando su criterio, esto es, su discrecionalidad para actuar sin someterse a reglas predeterminadas, estamos en presencia de una facultad discrecional. Ésta, por lo general, se expresa con la frase "el funcionario podrá autorizar, otorgar... etc.", y no "el funcionario deberá." A las facultades discrecionales se oponen lo que en derecho se conoce como poder reglado. Esto significa que, para resolver los asuntos, los funcionarios deben acatar reglas que les imponen sólo un camino posible en la resolución del trámite hecho por el gobernado.
La claridad y la certidumbre en las reglas son exigencia en los estados de derecho modernos. En las democracias, los congresos crean las reglas con amplios consensos de los ciudadanos. Si las reglas son claras, legales y consensuadas, lo que resta es cumplirlas de manera estricta, esto es, sin posibilidad de excusar a nadie de su cumplimiento; en síntesis, sin poder decidir de forma discrecional.
Ante el crecimiento del poder estatal para regular las actividades de los gobernados, se volvio una exigencia limitar la facultades discrecionales y establecer poderes reglados de manera estricta. A la obligación de actuar dentro de la ley se conoce como "principio de legalidad". Romper con este principio conlleva una sanción para el funcionario.
Las excepciones al principio de legalidad son el poder arbitrario, y por ende ilegal o ilícito, o son facultades discrecionales que permiten el abuso legalizado del poder. Los regímenes democráticos de derecho tienden a limitar al máximo estos poderes. Por lo general se actúa bajos normas rígidas y su incumplimiento acarrea sanciones.
En los estados patrimonialistas, el poder político se vuelve un negocio privado y la clase política su administrador. Ahí, el gobernado enfrenta a la autoridad en calidad de "peticionario", y no de exigente. Los ciudadanos lo son únicamente al momento de votar; el resto del tiempo, su relación frente al poder se da en una relación de subordinación.
Con mucha frecuencia, acceder a un derecho es un viacrucis que el ciudadano evita por la vía del cohecho. Obtener algo a lo que no se tiene derecho mediante una dádiva es tan común como obtener algo legítimo. De ambos lados del escritorio se dan las conductas irregulares. Esta práctica se volvió común para romper con la ineficacia de los gobiernos.
Los firmantes del desplegado de la semana pasada lo dejaron claro: la corrupción llegó a "límites intolerables", como si hubiera tolerables. La corrupción traslada al poder público la capacidad de decidir sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Este poder lo ejercen camarillas amparadas por los partidos sin límite alguno. Llegar al poder en México es tener las manos libres para casi cualquier cosa, no hay más límite que la imaginación.
Los funcionarios de Monterrey que exigían dinero lo hacían bajo el amparo de reglas que les permiten decidir qué, cómo y cuándo se resuelven los asuntos de los ciudadanos. Las reglas les permiten someter a su arbitrio a los negocios. La leyenda dice que en Monterrey la extorsión es la regla y el cumplimiento de la ley la excepción. Los otros están en límites "tolerables" de corrupción. Por eso no les llegó el desplegado.
Ayer, en estas páginas, Ximena Peredo y Felipe Díaz Garza dejaron en claro que en materia de corrupción da lo mismo ser absuelto por errores procesales, sin duda deliberados, que ejercer más de mil millones de pesos que pidió el Presidente Felipe Calderón para promover su imagen en año electoral.
Hace algunas semanas unos regidores de Guadalupe gastaron más de un millón de pesos en cursos para seguir en la ignorancia. Se alegó que lo hicieron en uso de las facultades discrecionales para ejercer gasto público. Los ejemplos siguen hasta el infinito.
En México, el uso arbitrario del poder discrecional es la regla y la legalidad la excepción. Debemos cambiar esta premisa y exigir que en la relación con el poder prevalezcan las facultades regladas y limitadas. Éste es el principio de la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho.
sergioeg@infosel.net.mx.
Esquizofrenia pura
Sergio Elías Gutiérrez 21 Abr. 09 La Secretaría de Gobernación del Gobierno federal publicó hace unos días la cuarta entrega de la Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 (Encup 2008) que la dependencia levantó a fines del año pasado. La primera de estas encuestas se dio a conocer en el 2001, apenas arrancado el sexenio pasado. Otras fueron las de 2003 y 2005. Todas son un valioso instrumento para entender en dónde estamos en cuanto a cultura política. En la entrada de la presentación, la Encup señala que el 59 por ciento de los encuestados no está dispuesto a sacrificar su libertad de expresión a cambio de una mejoría en su situación económica. El dato es alentador porque en el pasado reciente aparecía que una mayoría estaría dispuesta a tener menor democracia a cambio de un mejor nivel de vida. Contra este dato alentador, sólo un 9 por ciento dijo tener mucho interés en la actividad política. En un apartado de resultados principales, respecto al nivel de confianza en las instituciones, a la cabeza está la Iglesia -Dios nos libre de no ser así- con el 72 por ciento, seguida del Ejército (66 por ciento) y el IFE (66 por ciento). Los últimos lugares los ocupan los sindicatos, la policía y, al mero final, los partidos. En cuanto a la democracia no estamos mejor, sólo la mitad cree que somos un país democrático y dos terceras partes se dicen insatisfechas con la que existe aquí. En EL NORTE de ayer apareció el suplemento "Perfiles 2009", sobre los candidatos a la Gubernatura y a las principales alcaldías de Nuevo León. Destaca la semejanza de propuestas en cuanto a frenar la inseguridad que como tema se ha impuesto en la agenda política del Estado y del País. El lema de campaña de Fernando Elizondo es precisamente "Experiencia que da seguridad", y de Rodrigo Medina, "Unidos por el empleo y tu seguridad". Otro dato relevante es que en las alcaldías de los ocho municipios de la zona metropolitana de Monterrey el PAN no presentó a ninguna mujer como su candidata, mientras que el PRI postuló como candidatas a mujeres, además muy jóvenes, en Guadalupe y Escobedo. En lo que no hay diferencia es en las propuestas de los candidatos; son concordantes al grado de la monotonía. Salvo los candidatos de Santa Catarina por el PRI y por el PAN, los demás encabezan su propuesta con la promesa de acabar con la delincuencia. Quizá los motiva la percepción generalizada de que no sólo es el principal, sino el único problema de las ciudades que aspiran gobernar. Los candidatos ignoran que son, precisamente, los policías los peor colocados en la percepción ciudadana, sólo antes que los partidos políticos. Quizá los aliente a esta oferta la envidia por la lamentable comparación que Barack Obama hizo de Felipe Calderón al señalar que era el Elliot Ness mexicano. Ahora todos aspiran a ser comparados con algún héroe, aunque sea televisivo. Poco o nada dicen de las trágicas condiciones de vida de las miles de colonias y barrios en donde el único signo de respeto es la pertenencia a una de las muchas pandillas que ofrecen a los jóvenes la protección que les niega la sociedad. Tampoco de las precarias condiciones en que se prestan los servicios públicos más elementales, empezando con la educación y la salud. No señalan que el desempleo afecta a un alto porcentaje de jóvenes, aun a aquellos que tienen estudios y capacidad para trabajar. Vivimos una especie de esquizofrenia política: no obstante la nula confianza en los partidos y en general en la política, ésta atrae un alto porcentaje de recursos públicos. Ahora con la prohibición de pagar anuncios en la televisión, los partidos no han sabido "calentar", como se dice comúnmente, las campañas. Sin la tele, los partidos perdieron comunicación con el electorado. Los electores, por su parte, dejaron de ver a los partidos y a los candidatos como algo importante. Y a eso se suma la campaña por la abstención que circula por internet.

Manos sucias
Sergio Elías Gutiérrez 19 May. 09 En Italia, en la década de los 90, con la "Operación Manos Limpias", fueron investigados casi 6 mil funcionarios, se abrieron casi 3 mil procesos penales, 100 fueron a prisión y siete se suicidaron, no sin antes llamarse víctimas de un complot político en su contra. La operación fue iniciada por unos jueces de instrucción que en nuestro sistema legal equivaldría a agentes de la Procuraduría de Justicia. Después de ese episodio, los italianos renovaron su sistema electoral y privaron a los partidos de dinero público. Eso provocó la llegada del principal empresario televisivo al poder. Silvio Berlusconi fue elegido Primer Ministro, pero al no tener partido que lo apoyara, pronto cayó víctima de sus errores y fue depuesto, pero se salvó de ir a la cárcel. Aprendió la receta y usó su fortuna para formar un partido político y así regresó al poder que ejerce, hasta ahora, de manera poco convencional, por decirlo de algún modo. En México, la reforma electoral proveyó de mucho dinero a los partidos. Se aducía que era para evitar que el dinero privado prevaleciera en la política y que el dinero sucio llegara a las campañas. El libro que Carlos Ahumada o sus editores titularon "Derecho de Réplica" debió llamarse "Confesión de Parte". En esa obra, Ahumada confiesa una serie de delitos que cometió para ganarse el favor de políticos de todos los partidos. Su carrera empresarial (que más parece delictiva) empezó, según sus propias confesiones, en la Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, durante un episodio de emergencia urbana. En ese espacio político, las delegaciones del DF y en particular con la relación de Ramón Sosamontes, perredista cercano a Rosario Robles, encontró su mina de oro. Atrapó en su red de corrupción a políticos de todos los colores, entre ellos un ex delegado panista, quien fue detenido al llegar al aeropuerto de Toluca en el avión propiedad de Ahumada cargado de dólares y armas. Las demás fechorías están ampliamente narradas en el libro. Ahí se describe la forma de grabar a los personajes que iban a su oficina por lana y salieron trasquilados; la relación con Salinas de Gortari vía su fiel escudero Diego Fernández de Cevallos. Las grabaciones de Rosario Robles, las de René Bejarano y compañía. De eso pasa a narrar cómo se urdió el "compló" para usar esos videos en contra de López Obrador, los cuales entregaría a cambio de 400 millones de pesos que, según él, le ofreció Carlos Salinas y que hasta la fecha le debe. Toda la podredumbre de la política mexicana en una sola exhibición. La comparación con Italia es inevitable. Allá se tomó un caso de corrupción para desatar toda una campaña de profilaxis política y social que llevó a la renuncia del Gabinete, provocó el exilio de muchos otros, el suicidio de unos cuantos con cargo de conciencia, y la reforma del Estado que, aunque luego se frustró, de algo sirvió en principio. Según la confesión de Ahumada, participaron en su trama un ex Presidente de la República, un Procurador de la República en funciones, otro actual que entonces era jefe de inteligencia del Gobierno, un Senador y un largo etcétera. Acá en México, los funcionarios usaron la confesión del reo para tratar de destruir al enemigo político. Allá se desplazó a toda la clase política y cientos fueron a la cárcel; aquí sólo Bejarano, Ahumada y Ponce. Los dos primeros fueron absueltos; el tercero, seguramente por carecer de un buen abogado, sigue preso. Allá la averiguación de los delitos no es tarea del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, lo que asegura autonomía en su función. Aquí, además de la ineficacia del Ministerio Público, sorprende ver que el Poder Judicial hizo muy poco para sanear la vida pública. Los protagonistas gozan de libertad desde hace años. En un país civilizado, y conste que Italia no es el mejor ejemplo, un libro como el de Ahumada o las confesiones del ex Presidente De la Madrid sería suficiente para abrir una investigación exhaustiva sobre la corrupción política. Aquí sólo alimenta el mercado editorial. Después de muchas reformas y millones de discursos sobre ellas, aún no entramos al rango de países en que los delitos cometidos por funcionarios públicos se castigan.


Amnistía
Sergio Elías Gutiérrez
(26-Ago-2008).-
En los países donde hubo una transición política se dio una práctica casi generalizada de otorgar una amnistía a los que se iban. Esto sucedió en el paso de dictaduras militares a regímenes democráticos, y también en los países autoritarios, no abiertamente dictatoriales, pero tampoco plenamente democráticos.
En México, aunque hay una amplia discrepancia en el tema, más que una transición, vivimos una alternancia en el poder, ya que no se modificaron de fondo las reglas del juego. Nuestro proceso no es totalmente comparable con otros países. Ninguno de los actores políticos desapareció, como sí sucedió en el caso del franquismo, los regímenes militares o las dictaduras de partido en los países del bloque soviético. Aquí, siguen los mismos partidos y en muchos casos con los mismos personajes.
Fuera del intento de linchamiento del PRI por el financiamiento irregular de la campaña del 2000 (el llamado "Pemexgate" que inició Vicente Fox), nada ha cambiado en la relación entre el gobierno y sus alternantes. Ese tímido intento de saldar cuentas con el pasado se vio frustrado porque apareció el escándalo del financiamiento, también irregular, de los "Amigos de Fox".
La rendición de cuentas es una de las instituciones más antiguas del derecho político. Nace asociada a la obligación de los gobernados de pagar impuestos para cubrir los gastos de la Corona en Inglaterra. Los nobles que mantenían a la Corona exigieron que los tributos se fijaran por ley del Parlamento y no a capricho del monarca, y que éste rindiera cuentas del destino de los gastos públicos.
El principio es sencillo: si el ciudadano mantiene al gobierno, éste debe recibir cuentas de lo gastado. Por lo general las cuentas se rinden a los parlamentos. Con la aparición de la "partidocracia", los parlamentarios se alejan de los ciudadanos y pasan a representar sólo los intereses del partido que los postuló. Esto pervierte los postulados originales de la democracia representativa, donde el legislador representaba los intereses del pueblo en búsqueda de las mejores decisiones para la comunidad.
La revisión de las cuentas públicas es uno de los temas pendientes de nuestro peculiar proceso de democratización. Si bien, en la última década se han reformado en varias ocasiones las reglas constitucionales para ese efecto, la realidad muestra que las cuentas se discuten a la luz de razones políticas y no de los intereses de los contribuyentes.
Este proceso es particularmente serio en Nuevo León. Aquí el órgano fiscalizador nació 167 años después de que se estableciera en la Constitución de 1824. La Contaduría Mayor de Hacienda prevista en ese año sólo se integró en 1991. Y se reformó en Auditoria Superior del Estado el año pasado.
Debiendo ser autónoma en su funcionamiento, cada gobernador ha nombrado a su titular. El último de ellos es la excepción, pero llegó al puesto con la casa llena de funcionarios de origen partidista. No obstante el reclamo ciudadano, los diputados de Nuevo León se niegan a dar libertad al órgano de fiscalización para que pueda cumplir sus funciones. Cada partido espera el momento electoral oportuno para descobijar a los adversarios y proteger a sus correligionarios. Por supuesto, la fracción mayoritaria siempre lleva ventaja.
Los datos perversos de la sumisión al Poder Legislativo saltan a la vista: poco o nada se hace para recuperar quebrantos al fisco producto de conductas desviadas de servidores públicos. Centenares de cuentas públicas, ya revisadas técnicamente, son detenidas políticamente. Una sola fue aprobada en el último periodo legislativo.
Ante este desastre administrativo y político, hago una propuesta, hasta cierto punto indecorosa: que los legisladores decreten una amnistía a todos quienes pueden ser afectados en el caso de que la Auditoría les pueda ser adversa a sus intereses políticos. Una especie de borrón y cuenta nueva y que nadie rinda cuentas del pasado a condición de que permitan que se les fiscalice el futuro.
Amnistiar a todos los políticos del pasado a cambio de que otorguen poder a la sociedad las tareas de fiscalización del gasto, pudiera ser un buen intercambio. Lo que seguiría es refundar con criterios ciudadanos al órgano de fiscalización y darle autonomía respecto de los poderes políticos.
Los proyectos ya están en el Congreso del Estado, sin amnistía no serán aprobadas, cada partido tiene sus cadáveres en el clóset y no van a permitir que salgan a la luz pública.

Sergio Elías Gutiérrez

Percepción y realidad

(12-Ago-2008).-
Hace pocos años, se decía que estábamos en camino de la "colombianización". Con ello se aludía a que la espiral de violencia, entonces incipiente, amenazaba con extenderse y poner en riesgo la estabilidad de nuestra sociedad. Según la percepción, ese momento llegó. Vivimos en una sociedad llena de miedos y temores.
Ya se ha dicho que la primera obligación del Estado o, por decirlo más fácil, de la autoridad pública, es asegurar la integridad de los habitantes de una comunidad. La Constitución de Nuevo León es más específica que la federal en este sentido. En su artículo 85 (Fracción I) señala que al Ejecutivo corresponde: "Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos y, al efecto, mantener la paz, tranquilidad y el orden públicos en todo el Estado". Esta disposición viene desde la Constitución de 1917; entonces y ahora, el Estado debe proporcionar seguridad a las personas y a sus bienes.
En el Estado moderno, el que comienza con las revoluciones americana y francesa del siglo 18, donde nace la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, la facultad de establecer las sanciones corresponde al poder legislativo y ya no al monarca absoluto. Sólo la ley, "expresión de la voluntad general", puede catalogar las conductas como delictivas y señalar penas a los infractores.
El aparato judicial actúa sólo cuando los delitos llegan a cometerse.
La sensatez recomendaría, entonces, empezar por exigir que las tasas de impunidad que se dan en el País desciendan, antes de pensar en matar a los delincuentes. Mientras se mantengan tan bajos los porcentajes de detenidos y enjuiciados (menos del 5 por ciento), se vuelve un aliciente delinquir. Es una actividad con muy bajos niveles de riesgo. De ahí que la primera tarea sea evitar que los crímenes se cometan o, al menos, que queden impunes. Lo primero es la eficacia preventiva y, en caso de fracasar ésta, seguiría la de investigar el delito y consignar y juzgar a los responsables.
En 1994 se reformó la Constitución para señalar que la "seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal y los estados y los municipios". Apenas hace 14 años, el Estado mexicano entendió que esa tarea era relevante y que debería atenderse por todos los poderes públicos. La seguridad es responsabilidad del Presidente de la República, gobernadores (incluido el DF) y alcaldes. Esto es, hay 2 mil 450 autoridades que deben velar por nuestra seguridad. Esa es una obligación indelegable.
Por eso es inexplicable que en crisis como la que estamos padeciendo, algunos de los responsables expresen su indignación como si no tuvieran responsabilidad, que no culpabilidad, en el asunto. Desde hace años se destinan amplios recursos a las policías, no obstante, las estadísticas de impunidad cercanas al 95 por ciento. Una explicación es que el crimen avanzó más rápido que la capacidad estatal para combatirlo y ese rezago es cada vez más evidente.
Hace muy poco, la seguridad pública no era un tema político, los políticos la soslayaban, no era rentable tocar el tema. Esa tarea era vista como los bajos fondos de la política. Ahora, por el contrario, todos pretenden lucrar políticamente con el tema y se declaran combatientes por la seguridad. Pero debemos exigir que los gobernantes no se pongan el uniforme de víctimas, pues son, aunque se disfracen, los responsables de que la seguridad sea un derecho efectivo. Como está redactada la legislación, no hay territorios de exclusión ni espacio para eludir responsabilidades o pretender trasladarlas a otros.
Antes teníamos la percepción de que la inseguridad era un problema grave, ahora se está volviendo realidad tangible. No se puede seguir escondiendo que la sociedad está a punto de la parálisis por el miedo. Recuperar la tranquilidad y la seguridad no es tarea menor, por el contrario es de la mayor relevancia política.
Conviene no perder de vista lo dicho por el empresario Alfredo Harp Helú: "La muerte de ese muchacho significa la descomposición social a la que hemos llegado". Fortalecer la educación, el empleo y la cultura puede ayudar a recomponer nuestra sociedad.
sergioeg@infosel.net.mx
Cerrar la pinza

Por

Sergio Elías Gutiérrez


(29-Jul-2008).-
El ilustre jurista Hans Kelsen, considerado por muchos el mejor del siglo 20, alguna vez defendió la autonomía municipal. Para él, "la lucha por la autonomía municipal es la lucha contra el absolutismo del poder central". Pero se avergonzaría si supiera cómo se usa esa autonomía en México, en donde es sinónimo de abuso del poder, depredación de las finanzas públicas y de actuación fuera del marco legal.
Seguramente la Alcaldesa de General Treviño, Raquel Villarreal, nunca escuchó hablar de Kelsen, pero tampoco el abogado que le dijo que podría repartirse el patrimonio municipal, que para eso es la autonomía municipal. Es obvio que este abogado nunca leyó la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado.
Esa Ley dispone que los servidores públicos, así sean de entes autónomos como el municipio, están impedidos para disponer del patrimonio en beneficio propio o de sus parientes. La Alcaldesa Villarreal, con honestidad que más bien es ingenuidad, declaró que el abogado le habló de la autonomía municipal, pero nada le contó de la responsabilidad de los servidores públicos. Sucede con frecuencia, los funcionarios invocan las facultades que la ley les concede, pero casi nunca las que limitan su ejercicio.
Dos principios encabezan el nacimiento del derecho moderno a finales del siglo 18 con la Revolución Francesa. Ahí nace el Principio de Legalidad que enunciado simplistamente significa que los poderes públicos sólo pueden hacer lo que la ley les faculta expresamente.
El otro principio fundacional del derecho moderno es el de la Autonomía de la Voluntad o libertad contractual que indica que los particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido o sancionado por alguna ley.
Con estos dos principios empezó a configurarse el moderno Estado de Derecho sobre la destrucción de los poderes que detentaban la iglesia, la monarquía absoluta y los señores feudales. La burguesía, como nueva clase emergente, peleó por esas libertades contra el Estado absolutista. Según Carlos Marx, "la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario".
Liberalismo significa libertad de los ciudadanos para actuar en los ámbitos económico, social y político dentro de la ley y conforme a sus intereses. Esta libertad tuvo como contraparte el Principio de Legalidad. Para asegurar las libertades privadas fue necesario obligar al poder público a ceñirse al imperio de la ley. La violación de ambos principios debe acarrear sanciones.
Ejecutar actos prohibidos acarrea para el particular algunas consecuencias incluso penales.
Para el gobernante existen responsabilidades administrativas, las más leves; penales, más severas; y las políticas, bastante indeterminadas. En muy pocos casos se llega a saber de algún castigo penal a los infractores.
Es notoria la severidad con la que los legisladores penalizan a los particulares que infringen la ley. En cambio, para el servidor público con demasiada frecuencia la sanción se limita a una amonestación o, en su caso, a una inhabilitación. Se ha vuelto casi normal ver abusos y desvíos por parte del poder sin que sea consecuente con la imposición de sanciones.
La autonomía municipal como la entiende la señora Alcaldesa Villarreal o incluso su "abogado" no sirve para permitir los desvíos del poder.
En México, la autonomía municipal llegó a la Constitución como un pretexto de Carranza para atraer el apoyo de miles de alcaldes que sufrían la opresión de los jefes políticos del porfiriato. Ahora, los alcaldes y sus ayuntamientos son los opresores de los ciudadanos que no se sienten representados en la gestión de las cosas del bien común.
Una autonomía responsable debería permitir a los poderes actuar libremente en beneficio de la función pública. Lamentablemente, en nuestro sistema, el poder se ejerce al libre albedrío de los gobernantes sin más límites que su fecunda imaginación.
Mientras no se racionalice la política, si es que algún día eso se logra, más vale limitar la autonomía antes de que sea demasiado tarde y después no quede nada qué preservar.
Es necesario cerrar la pinza. No debe haber poder sin responsabilidad. Ésta es una asignatura pendiente de nuestra joven democracia. Lo contrario es vivir en el antiguo régimen de poderes absolutos.
sergioeg@infosel.net.mx
La caja grande
Sergio Elías Gutiérrez

(22-Jul-2008).-
Las sesiones para la discusión de la reforma petrolera que se llevan a cabo en el Senado de la República han tenido factores positivos: muchas voces y muchas buenas ideas se han expresado. Han participado poco más de 150 ponentes, casi en el mismo porcentaje a favor y en contra de la propuesta de reformas.
En una sola ocasión, antes, que yo recuerde, se celebraron audiencias públicas para un proceso de reformas constitucionales. En 1977, Jesús Reyes Heroles convocó a una consulta pública para la reforma electoral. Académicos e intelectuales participaron con resultados satisfactorios.
El jueves pasado, en la sesión número 20, dedicada a los aspectos de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción en PEMEX, compareció un personaje que merecería mayor atención de los medios. Me refiero a Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación. En su intervención, el Auditor de la Nación señaló aspectos que deberían haber tenido mayor cobertura mediática.
De entrada puso en evidencia que PEMEX tendrá futuro siempre y cuando se sustente en una situación financiera sólida. Para ello, el Estado requiere emprender decididamente algunas acciones en materia fiscal, regulatoria y estructural.
La crítica a la política fiscal al Estado mexicano es contundente. González de Aragón expuso que, según la OCDE, México tiene la más baja eficiencia recaudatoria de los 30 países miembros de esa organización. El promedio de recaudación respecto del Producto Interno Bruto de estos países es del 36 por ciento. Suecia está a la cabeza, con 51 por ciento del PIB y México en el último lugar con sólo el 20 por ciento.
Además, en el caso mexicano, obra la circunstancia de que, en los últimos años, más de un tercio de los impuestos que el fisco recauda los recibe de la llamada renta petrolera.
Lo más preocupante es que, en los últimos seis años, la tasa de crecimiento de los impuestos disminuyó del 70 por ciento el 2001, al 58 por ciento el año pasado. La captación fiscal cae en lugar de aumentar, no obstante las promesas en contra.
González de Aragón señaló entre las causas de ese problema las excesivas devoluciones de impuestos a los contribuyentes, Sólo entre 2000 y 2006, en pleno foxiato, se regresaron 680 mil millones de pesos. El monto del 2005 fue el doble que el del 2000.
En el 2005, los 50 más grandes contribuyentes pagaron al fisco sólo 74 pesos en promedio. Ese año, casi la mitad de los créditos fiscales estaban en litigio. Hace unos días, EL NORTE publicó que se ha convertido en una industria tramitar amparos contra el pago de impuestos. En esta materia somos los número uno del mundo.
El Auditor de la Federación resaltó la urgencia de "mejorar la eficiencia recaudatoria del Estado, requiriéndose para ello dotar a las entidades federativas y municipios de mayores facultades, ampliar el padrón de contribuyentes, eliminar el sector informal, acabar con el contrabando, simplificar el marco jurídico impositivo, reducir los regímenes especiales, contar con una política fiscal de largo plazo, otorgar certeza jurídica y mejorar la recuperación de las obligaciones en litigio".
Como se puede ver, son tan grandes las deficiencias en la administración tributaria, que sería más fácil obtener el voto de favorable de los perredistas en la reforma petrolera que mejorar la eficacia recaudatoria.
Lo más grave es que, además de la deficiente recaudación, existe una peor eficacia en materia de gasto público. Entre 2001 y 2006 se produjeron ingresos adicionales por 720 mil millones de pesos. De ésos, el 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, el 14 por ciento a inversiones financieras y el 13 por ciento a inversión física directa. La industria petrolera, con todo y las deplorables condiciones en que está, ha sido la caja grande que ha pagado la fiesta de la burocracia que padecemos.
Un mínimo de racionalidad política aconsejaría que el Gobierno, al mismo tiempo que pide apoyo para privatizar lo que queda de esta industria, nos dijera cómo va a hacer efectivas las recomendaciones de Auditor de la Federación.
Si Calderón hubiera iniciado su gestión con un programa de racionalidad en el gasto y una mejoría sensible en los procesos de gobierno, sería más fácil obtener apoyo para vender los últimos activos que le quedan al País.
sergioeg@infosel.net.mx
Fragmentación del poder
Sergio Elías Gutiérrez
(17-Jun-2008).-
Se atribuye a don Porfirio Díaz haber dicho que si quería resolver un problema lo decidía él solo, pero que si quería diferirlo nombraba una comisión.
Enmendándole la plana a este personaje, podemos decir que los políticos creen que para resolver un problema basta con reformar la Constitución. En 90 años se han expedido más de 200 decretos de modificación a su texto original. Ni siquiera la alternancia política detuvo esa vorágine legislativa. Con escasas excepciones, los resultados no han sido los esperados.
Destacan las reformas electorales y en cierta manera las reformas al Poder Judicial de la Federación. La electoral cambió las bases de la competencia electoral y por esa vía modificó el sistema de partidos. Pasamos del poder concentrado en un solo partido y en su líder natural, el Presidente de la República, a una fragmentación del poder que impide en ocasiones el cabal ejercicio del mismo. La judicial dotó a los jueces de la capacidad de arbitrar en conflictos políticos.
Las reformas electorales produjeron una nueva distribución del poder político, pero no tuvieron en cuenta los efectos en el régimen de gobierno. Ahora se dice que es poco funcional la forma de gobierno presidencial. La Constitución operó en la lógica de un poder concentrado en la figura presidencial. No era muy democrático, pero su eficacia era mayor que la que llegó con el poder fragmentado.
El domingo pasado en estas mismas páginas, Luis Rubio, en su excelente artículo "Impotencia", alerta sobre la reducción del margen de maniobra del Gobierno mexicano. Dice que a medida que ese poder se diluyó, su "capacidad de acción y de reacción disminuyó. Esa dilución fue resultado de dos buenas razones: la federalización y democratización del poder. Pero el resultado no es encomiable: los recursos se han descentralizado, pero sin rendición de cuentas, y la capacidad de gobernar prácticamente ha desaparecido".
En anteriores colaboraciones he señalado que el reforzamiento de la autonomía de estados y municipios no se ha traducido en un mejor gobierno. La democracia por sí sola no asegura más eficacia en el ejercicio del gobierno. Muchos ejemplos tenemos de diseños institucionales buenos que han funcionado de manera desigual. El caso del IFE es notable y, por lo reseñado el domingo en estas páginas por Miguel Ángel Granados Chapa, el Trife tampoco escapó a la crisis del 2006.
Pero con todo, lo más grave es que nuestros legisladores siguen ciegos y sordos a las lecciones de la historia. Esta semana en Monterrey, en un encuentro de legisladores estatales se discutirá un proyecto de reformas a la Constitución federal que, de aprobarse, será de consecuencias imprevisibles para el País.
En el marco de los trabajos para la Reforma del Estado en materia del federalismo, proponen una mayor fragmentación del poder en el País. Centran en el municipio esta nueva distribución del poder.
La propuesta, difícil de comentar en detalle, pretende incrementar el poder constitucional de los municipios. Sus autores ignoran, o cuando menos dejan de lado, que en el siglo 19, sin tener regulación constitucional, ejercían un gran poder. De la destrucción del régimen colonial pasamos a ser una confederación de municipalidades. No estaría de más recordar que ese siglo fue de luchas internas por el poder y que el País no avanzó casi nada. El poder fragmentado sólo sirve a caciques locales, hoy llamados alcaldes y gobernadores.
Una de las agencias federales promotoras de la reforma, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en un estudio dado a conocer hace pocos años demostraba que la transferencia de montos crecientes de recursos, ramos 33 y otros programas manejados con criterios clientelares y de promoción política, no han sido eficaces para disminuir la pobreza o la desigualdad. No se sabe con certeza si el gasto descentralizado trae mejores soluciones a las comunidades más pobres, concluía ese estudio.
El País no requiere amontonar más reformas. Mejor sería aplicar las que se han hecho. Necesita, eso si, políticos que conozcan la historia constitucional del País y que entiendan el concepto elemental de la política como arte de hacer posible lo deseable. Así de sencillo.

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